Una crisis financiera ha desatado un conflicto político en Paraguay. Legisladores de la oposición presentaron el 4 de noviembre una acusación para impulsar el juicio político y la posible destitución del presidente Santiago Peña, tras la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país.
El pedido cuenta con el respaldo de 35 legisladores y se basa en presunta mala conducta y conflicto de intereses del mandatario, quien mantuvo vínculos empresariales con el Grupo Vázquez, propietario del banco, antes de asumir la presidencia.
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por los legisladores Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo, quienes solicitaron una sesión extraordinaria para debatir la acusación. Para avanzar en el proceso se requieren 53 votos en esa cámara.
La controversia se intensificó luego de que el Banco Central de Paraguay interviniera Ueno Bank debido a problemas de solvencia, lo que dejó a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas, generando protestas en Asunción.
El titular del Banco Central, Carlos Carvallo, renunció a pedido de Peña, quien propuso cambios en la conducción de la entidad. Además, el presidente aseguró que su Gobierno prioriza la protección de los ahorros de los clientes afectados y anunció una iniciativa legislativa para agilizar la devolución de los depósitos retenidos.
El proceso de destitución no implica la salida inmediata de Peña, ya que la Constitución paraguaya establece que se necesita una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para avanzar al Senado, donde se decidirá sobre la destitución.
