La organización ambientalista Fundación del Río exigió la liberación inmediata de guardabosques mayangna detenidos en Nicaragua, advirtiendo que varios presentan condiciones de salud delicadas y que su encarcelamiento debilita la defensa de los territorios indígenas del Caribe norte.
La presión internacional sobre este caso incluye medidas cautelares y órdenes de liberación que el Estado nicaragüense no ha cumplido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en abril de 2023 una resolución a favor de cuatro líderes indígenas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó su liberación antes del 10 de julio de ese año.
Además, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU solicitó en agosto de 2024 la liberación de estas autoridades y guardabosques comunitarios del territorio Mayangna Sauni As, junto con una indemnización.
La Fundación del Río formuló este reclamo en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, recordando que algunos detenidos permanecen en prisión en condiciones precarias de salud.
En enero de 2023, el Ministerio Público de Nicaragua acusó a 24 personas, identificadas como guardabosques comunitarios, de invadir territorios indígenas y atacar a sus pobladores en el Caribe norte. Entre ellos, 10 guardabosques fueron detenidos y condenados por cargos que incluyen crimen organizado y aprovechamiento ilegal de recursos naturales.
La ONG señala que estas personas estaban encargadas de monitorear y denunciar la invasión de colonos y la venta ilegal de tierras. Los detenidos incluyen a Tony Bruno Smith, Dionisio Robins, Argüello Celso Lino, Ignacio Celso Lino, Donald Bruno Arcángel, Rodrigo Bruno Arcángel y sus hijos Oliver y Evertz Bruno, quienes fueron arrestados entre 2021 y 2023 en operativos que la organización califica de arbitrarios y represivos.
El director de la Fundación, Amaru Ruiz, afirmó que estas detenciones buscan intimidar a las comunidades indígenas y afrodescendientes, enviando un mensaje de temor para impedir que denuncien invasiones y actividades ilegales en sus territorios.
Ruiz también denunció que, pese a las decisiones de organismos internacionales que declaran ilegales las detenciones, el gobierno de Daniel Ortega mantiene a los guardabosques en prisión.
La organización alertó especialmente por la salud de Rodrigo Bruno y los hermanos Celso Lino, quienes se encuentran en estado delicado. Además, el recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua para su liberación sigue sin respuesta.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional advirtió que las poblaciones indígenas en Nicaragua están en riesgo de exterminio debido a la invasión constante de sus territorios.
Según datos oficiales, los pueblos indígenas y afrodescendientes habitan 304 comunidades en 23 territorios, principalmente en zonas pobres y aisladas del país.
