La disputa por la explotación petrolera en las Islas Malvinas suma un nuevo capítulo en la estrategia diplomática argentina. El Gobierno de Javier Milei prepara una ofensiva legal contra el Reino Unido, y la figura de Frida María Armas Pfirter, jurista santafesina que integra el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), cobra relevancia.
Armas Pfirter ocupa una de las 21 bancas del TIDM, con sede en Hamburgo, Alemania, desde 2023 hasta 2032. Su experiencia en derecho internacional y en cuestiones vinculadas a la plataforma continental son antecedentes centrales de su carrera.
El Gobierno argentino analiza recurrir al tribunal para cuestionar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper. El planteo no buscaría resolver la soberanía territorial de las islas, sino evaluar la posibilidad de explotar recursos no renovables en un área marítima en disputa.
Uno de los principales antecedentes de Armas Pfirter es su trabajo durante más de 25 años al frente de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), donde coordinó el estudio y fundamentación de la extensión de la plataforma continental argentina.
La inminente explotación de recursos marítimos en aguas argentinas ha tensado la relación con Londres. Armas Pfirter se graduó de abogada en la Universidad Católica Argentina (UCA) y obtuvo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), además de realizar estudios de posgrado en instituciones internacionales.
La Cancillería destacó su “sólida experiencia técnica” y su “capacidad para generar consensos” al oficializar su candidatura al TIDM. El proyecto Sea Lion prevé comenzar la extracción de petróleo en Malvinas en marzo de 2028, con una producción proyectada de hasta 50.000 barriles diarios.
La presencia de Armas Pfirter en el tribunal no garantiza una ventaja jurídica para Argentina, y el TIDM deberá evaluar cuestiones relacionadas con las actividades sobre recursos naturales en el área disputada. La estrategia argentina busca obtener una medida cautelar para frenar la explotación petrolera mientras se tramita la controversia.
Cobertura elaborada por SUR365 a partir de información pública de La Opinión Austral.
