Un proyecto de ley presentado en Santa Cruz propone que las escuelas, tanto públicas como privadas, sigan un protocolo común ante denuncias de bullying. La iniciativa, que tomó estado parlamentario el 12 de noviembre, fue firmada por diputados del bloque Por Santa Cruz.

El proyecto establece que la escuela no podrá exigir a la víctima que se reúna con el agresor ni que acepte disculpas para recibir ayuda. Además, se prohíbe el traslado sistemático del estudiante agredido como respuesta al problema.

La intervención de la escuela se activará al recibir una denuncia o tener conocimiento de una situación de hostigamiento, sin esperar a que se repita el hecho. Los episodios se registrarán de manera confidencial.

En el caso de la educación inicial y primaria, se convocará a la familia ante agresiones reiteradas, mientras que en secundaria se prevén advertencias formales y actividades educativas obligatorias. Si la escuela no actúa, la supervisión escolar deberá intervenir y establecer plazos para la resolución del conflicto.

Este proyecto complementa una iniciativa anterior enfocada en el ciberbullying, ampliando así la protección ante agresiones en distintos contextos.

Cobertura elaborada por SUR365 a partir de información pública de El Diario Nuevo Día.