La firma del subsecretario de Justicia, Luis Silva, que reduce en 18 meses la pena de Jorge Alejandro Silva Ovando, condenado a 15 años y un día por violar y abusar de una niña durante ocho años, ha desatado un fuerte repudio en el ámbito político de Punta Arenas.
Desde el Gobierno de José Antonio Kast, la reacción ha sido escasa. Fuentes de la Delegación Presidencial indicaron que la delegada Ericka Farías no se pronunciará al respecto. Mientras tanto, el seremi de Justicia, Cristóbal Fernández, permanece en silencio, lo que ha generado preocupación entre los profesionales del área.
El parlamentario local criticó la decisión, argumentando que infringe la ley al otorgar beneficios carcelarios a condenados por delitos contra menores, un grupo que debería estar excluido de estas reducciones. El gobernador regional, Jorge Flies, también se manifestó, advirtiendo sobre el alto riesgo que representa la liberación de estos individuos y cuestionando el silencio de las autoridades.
El consejero regional del Partido Republicano, Robert Weissohn, exigió explicaciones sobre los criterios utilizados para otorgar el beneficio, mientras que su par de derecha, Rodolfo Arecheta, lamentó que este error afecte a la región y pidió la renuncia de los responsables.
Cobertura elaborada por SUR365 a partir de información pública de La Prensa Austral.
