El Tribunal Oral Federal N° 2 dictó una nueva resolución en el marco de la causa Vialidad, que implica el embargo de numerosas propiedades y activos comerciales vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y el empresario Lázaro Báez.
La medida busca garantizar la indisponibilidad de bienes por un monto de 685.000 millones de pesos, correspondiente al perjuicio patrimonial causado al Estado por maniobras de corrupción en la obra pública vial en Santa Cruz.
Impacto en Santa Cruz
La resolución afecta inmuebles de alto valor en El Calafate, El Chaltén y Río Gallegos. Entre ellos, el predio del Hotel La Aldea del Chaltén y el chalet de la ex mandataria en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner de El Calafate, además de otras viviendas en calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.
El fallo también incluye a los patrimonios de Máximo y Florencia Kirchner, basándose en la relación comercial entre las empresas de Báez y las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur, que gestionan hoteles de la familia.
Embargos sobre constructoras y vehículos
Se ordenó el embargo de cuatro inmuebles de la empresa Kank y Costilla y una propiedad en Río Gallegos adquirida por Báez en 2005. Además, se reinscribieron embargos sobre vehículos particulares de los principales condenados, incluyendo automóviles de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, José López y otros involucrados.
Medidas en Buenos Aires y requerimientos bancarios
Fuera de Santa Cruz, la orden alcanza inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires, como el departamento donde Cristina Fernández cumple arresto domiciliario y propiedades en el complejo Madero Center, vinculadas a la familia Kirchner.
El Tribunal también intimó al Banco Galicia para que informe en 24 horas sobre una caja de seguridad y dos cuentas de Florencia Kirchner, que contienen más de cinco millones de dólares, con el fin de incluir esos fondos en la lista de bienes a recuperar.
Alcance legal
Los jueces aclararon que estos embargos no implican remates inmediatos ni alteran la titularidad de los bienes, sino que buscan impedir transferencias o ventas mientras se define el decomiso final. Esta etapa complementa una primera fase de decomisos sobre 111 bienes en proceso de tasación.
A pesar de las medidas, la Justicia aún no logró recuperar dinero efectivo proveniente de las maniobras investigadas.
Cobertura elaborada por SUR365 a partir de información pública de Más Prensa.
