La Capitanía del Puerto de Posorja, ubicada en la parroquia del mismo nombre al suroeste de Guayaquil, fue atacada el 12 de agosto por al menos dos hombres armados que dispararon con fusiles y lanzaron una granada, causando daños materiales significativos pero sin heridos.

Este hecho representa para las autoridades ecuatorianas una señal clara de que las organizaciones criminales están dispuestas a enfrentar al Estado directamente en instalaciones militares clave para el control de las rutas marítimas usadas por el narcotráfico.

La Capitanía de Posorja cumple un rol estratégico en la supervisión del tránsito marítimo en una zona donde confluyen actividades pesqueras, comerciales y portuarias, y que ha sido identificada como un corredor para el traslado de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

El ataque se produce en un contexto de mayor intensidad en las operaciones de interdicción marítima impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa, con el objetivo de debilitar las finanzas de las redes criminales. Estas operaciones incluyen la interceptación de embarcaciones rápidas y pesqueras adaptadas para el transporte de drogas.

La investigación policial levantó 45 indicios balísticos y confirmó que la granada dañó el cerramiento de la base naval. Aunque ninguna organización reivindicó el atentado, se sospecha que fue una represalia por las acciones de la Armada contra el narcotráfico.

Este es el segundo ataque registrado contra la Capitanía de Posorja, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de la infraestructura naval en esta zona sensible del litoral ecuatoriano. Además, se suma a una serie de ataques violentos contra instituciones estatales desde que Ecuador intensificó su ofensiva contra el crimen organizado.

El uso de armas de guerra y explosivos refleja la capacidad operativa de estas organizaciones, que actuaron rápidamente y abandonaron el lugar antes de la llegada de las fuerzas de seguridad. La Armada y la Policía reforzaron la vigilancia mientras continúan las pericias para identificar a los responsables.

La Fiscalía deberá determinar si el atentado está vinculado a operaciones recientes contra el narcotráfico o si forma parte de una estrategia de intimidación más amplia contra las instituciones que controlan las rutas marítimas.