La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha presentado un nuevo documento ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas con el objetivo de impugnar la sentencia en su contra. Los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego sostienen que el hallazgo contradice los fundamentos de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua, ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025, relacionada con irregularidades en la obra pública vial en Santa Cruz.
Según explicaron, los registros provienen de una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad, obtenida en agosto durante una audiencia de la causa Cuadernos. Esta documentación detalla el destino de un fideicomiso de transporte que movilizó alrededor de USD 2.000 millones, de los cuales las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz habrían recibido apenas el 0,85%. La defensa considera que esta cifra es marginal en comparación con el peso que el fallo judicial original le asignó a dicho mecanismo.
Con este nuevo elemento, el equipo jurídico anticipa que interpondrá un recurso de revisión ante la Justicia argentina para suspender o anular la condena por administración fraudulenta. El objetivo es lograr la libertad de la exmandataria y la restitución de sus derechos políticos.
El fallo analizó 51 contratos viales adjudicados al Grupo Austral en la provincia, un esquema que el tribunal consideró discrecional. Además, este dato se incorpora a la demanda presentada en julio ante la ONU por ocho presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluye reclamos sobre la falta de imparcialidad del tribunal y la duplicación de juzgamientos sobre obras viales que ya contaban con archivos o sobreseimientos previos.
La presentación internacional solicita tres medidas cautelares urgentes: suspender la inhabilitación para ejercer cargos públicos, flexibilizar las condiciones de la prisión domiciliaria de la expresidenta y objetar la actual composición de tres miembros de la Corte Suprema. El Comité de Derechos Humanos evaluará estas medidas en sus próximas sesiones, programadas entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre.
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