La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó un informe elaborado por una comisión legislativa que investigó la importación y comercialización de combustible de mala calidad, conocido como el caso de la "gasolina basura". El documento será enviado a la Contraloría General del Estado para que realice la auditoría correspondiente, además de ser remitido al Ministerio Público para iniciar investigaciones y al Gobierno para que tome en cuenta las observaciones planteadas.
La diputada oficialista Ximena Arispe destacó la necesidad de corregir las falencias detectadas dentro de la estatal petrolera. La comisión, conformada en febrero por 11 legisladores de distintas fuerzas políticas, identificó como presuntos responsables a autoridades del gobierno de Luis Arce y del expresidente Rodrigo Paz, así como a exministros y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Además de la contaminación del combustible, Bolivia enfrenta una crisis de abastecimiento debido a la baja producción local y dificultades en las importaciones, lo que genera largas filas en estaciones de servicio desde principios de 2023.
La Asociación de Surtidores de Santa Cruz informó que el volumen recibido no alcanza para cubrir la demanda del parque automotor en esa región. Susy Dorado, gerente de Asosur, señaló que necesitan al menos 3,5 millones de litros tanto de diésel como de gasolina, pero reciben cantidades inferiores que preocupan a la población.
En respuesta, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció negociaciones para firmar un convenio con una empresa privada internacional para importar y comercializar combustible a precios internacionales, sin subsidios, mediante alianzas público-privadas. Este proyecto requiere la aprobación de un decreto supremo que permita a la Gobernación establecer contratos con empresas privadas, algo actualmente restringido a empresas estatales.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no se ha pronunciado sobre esta iniciativa. Por su parte, el presidente Rodrigo Paz reconoció recientemente la falta de soluciones definitivas al problema del combustible, atribuyéndola a la mala gestión de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo entre 2006 y 2025.
