En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha implementado un régimen de excepción que permitió juzgar a más de 480 presuntos integrantes de pandillas de manera colectiva. Esta medida ha generado un debate intenso entre quienes la defienden como una estrategia efectiva contra el crimen y quienes advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos.
El régimen de excepción fue instaurado en respuesta al aumento de la violencia vinculada a las pandillas, buscando fortalecer la seguridad pública. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y sectores internacionales han cuestionado la legalidad y las condiciones en las que se llevan a cabo estos procesos judiciales.
El gobierno salvadoreño sostiene que estas acciones son necesarias para garantizar la paz y la seguridad en el país, mientras que críticos alertan sobre el riesgo de abusos y la falta de garantías procesales para los detenidos.
