En el marco de la presentación de la reglamentación de la Ley Provincial de Discapacidad N° 3820, el ministro de Desarrollo, Integración e Igualdad, Sebastián Georgion, destacó el proceso de construcción de la normativa, que contó con la participación de organizaciones sociales, equipos técnicos y distintos organismos del Estado.
Georgion señaló que el trabajo comenzó en 2022 y subrayó la relevancia de las mesas técnicas para debatir una ley que se adapte a la realidad social actual. Además, valoró el compromiso de las organizaciones civiles, que impulsan sus demandas desde la empatía y el compromiso, y remarcó la necesidad de traducir esas demandas en políticas públicas concretas que se conviertan en derechos.
Políticas que trasciendan las gestiones
El ministro hizo hincapié en la importancia de que la reglamentación permita establecer políticas de Estado que perduren más allá de las administraciones. En ese sentido, destacó la preocupación de las familias sobre el futuro de sus hijos con discapacidad y la necesidad de que las normativas aseguren continuidad y protección en el tiempo.
Georgion valoró la decisión del gobernador de impulsar esta reglamentación como una política concreta y no solo como un discurso electoral, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para quienes enfrentan barreras.
Redefinir la inclusión
El titular de la cartera social planteó la necesidad de revisar y profundizar el concepto de inclusión, que consideró una deuda pendiente de la sociedad. Invitó a la población a acercarse a las organizaciones y participar en actividades como deportes adaptados para generar mayor conocimiento y compromiso.
Destacó que la inclusión debe manifestarse en acciones concretas y cotidianas, no solo en discursos, y que es fundamental atender las diversas necesidades de las personas con discapacidad, desde la dependencia hasta la accesibilidad y comunicación.
El rol del Estado y las organizaciones
Finalmente, Georgion sostuvo que el Estado debe acompañar y fortalecer el trabajo de las organizaciones, adaptando las políticas públicas a las demandas actuales. Definió la reglamentación como un acto de poner en valor y visibilizar las necesidades reales, con el objetivo de consolidar políticas que se sostengan en el tiempo y mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad.
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