Hace cinco años, los talibanes retomaron el control de Afganistán, reinstaurando un régimen islámico que ha restringido drásticamente los derechos de las mujeres y niñas. Según expertos y organismos internacionales, estas medidas han excluido sistemáticamente a la mitad de la población de la vida pública, con consecuencias que podrían ser irreversibles para el país.
Más de 160 decretos prohíben a las mujeres acceder a la educación secundaria y superior, trabajar en muchos ámbitos, moverse libremente, expresarse y decidir sobre su vida personal. Estas restricciones representan un retroceso a las condiciones vigentes durante el gobierno talibán anterior, en la década de 1990.
La agencia de Naciones Unidas para la Mujer advirtió que ningún otro país en la era moderna ha desmantelado los derechos de la mitad de su población con tal intensidad. Además, la superposición de crisis humanitarias, económicas y el aumento de la pobreza afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas.
Un informe reciente de ONU Mujeres, basado en encuestas a 5.000 afganos en zonas rurales y urbanas, revela que las restricciones oficiales se ven reforzadas por presiones sociales crecientes. El 90% de las mujeres encuestadas necesita permiso de un familiar varón para salir de su casa y más de la mitad lo hace solo una o dos veces al mes, mientras que la mayoría de los hombres sale diariamente.
El estudio también señala un aumento en los niveles de aislamiento, angustia y problemas de salud mental entre las mujeres, que atribuyen su situación a la reducción del acceso a la educación y empleo, además de las normas restrictivas impuestas por el régimen y la sociedad.
La imposición de estas normas se extiende a la esfera privada, con familias y comunidades que presionan a las mujeres para que se adapten, bajo el temor a denuncias por incumplir los códigos de vestimenta o comportamiento.
Expertos en derechos humanos advierten que Afganistán es hoy el único país que prohíbe formalmente la educación para mujeres y niñas más allá del nivel primario, lo que compromete seriamente el futuro del país y de las nuevas generaciones.
La UNESCO ha pedido el restablecimiento pleno del derecho a la educación para las mujeres afganas, mientras que defensores de derechos humanos instan a la comunidad internacional a no normalizar esta situación y a alzar la voz por quienes han sido silenciadas.
